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Equidad de género en las micro
y pequeñas empresas rurales
 

La equidad de género es un fundamento indispensable para potenciar el capital social empresarial de pequeña escala en la ruralidad.

Melania Portilla R.
Especialista en Desarrollo Rural, Dirección de Desarrollo Rural, IICA1
 

E

l fortalecimiento de los emprendimientos, micro y pequeñas empresas rurales (MYPES) y los programas de acceso a activos productivos, han sido consideradas tradicionalmente, como dos estrategias fundamentales para el desarrollo y la lucha contra la pobreza en América Latina y el Caribe. Aunque el fomento de este doble propósito muestra ambigüedades y contradicciones, una mirada a las agendas de trabajo de las instituciones públicas y privadas de los países, confirma que estas estrategias están vigentes e incluso en los últimos años, han tenido un repunte. De hecho, el 2005 ha sido declarado el año internacional de las microcrédito2.

La pregunta que se aborda en este documento es ¿En qué dirección se enfocarán estas inversiones y políticas de apoyo a MYPES que puedan superar la ambigüedad de los impactos que hasta ahora se han dado?. ¿Es posible hacer un giro hacia la gestión de políticas, estrategias e inversiones definidas mas bien por las demandas y a la realidad de este sector heterogéneo, complejo, pero con gran potencial?.

Existe de hecho una serie de desafíos que han surgido en los últimos años, que llaman a superar el tratamiento tradicional que se le ha dado a al fomento de MYPES rurales. Dicho tratamiento se ha caracterizado por conceptuar las empresas como fines en sí mismas, definidas como tales en función de su rentabilidad económica y a sus desempeños internos, dentro de un imaginario de persona-empresario “masculinizado” por valores que masivamente se asocian con la socialización de los varones: competitivo, dispuesto a riesgos, conocedor del medio, entro otros. Esta conceptualización ha servido de base para definir una oferta predominante de servicios de apoyo y a un modelo empresarial. Dentro de este marco, los micro-emprendimientos y los negocios rurales entran en una suerte de selección natural. Las ventajas para superar dicha selección estarán del lado de quienes tienen mayores condiciones para aprovechar los criterios técnicos (mayor preparación, escolaridad, conexiones e influencias, capital humano) y activos productivos propios. Esas serán las posibles MYPES, que podrán continuar en el proceso de selección hacia el éxito. Lo otro, lamentablemente lo mayoritario, quedará en el sector informal, de autoempleo, de generación de ingreso o bien, en estrategia de supervivencia. En todo caso se trata de un empleo de baja calidad, socialmente desprotegido, de donde entran y salen fundamentalmente las mujeres (Arroyo, J y M Nebelung, 2002).

Un rasgo clave del desarrollo de los emprendimientos y mypes en la ruralidad de ALC es que las mypes agrícolas siguen teniendo una importancia fundamental.

 Brevemente se enuncian algunos rasgos que llaman a reflexionar sobre la importancia de renovar la visión sobre este capital social de pequeña escala de la ruralidad: a. La predominancia, heterogeneidad y multifuncionalidad de las MYPES en la vida rural; b. La presencia significativa de la mujeres en las MYPES rurales y las tendencias al crecimiento de la participación femenina en la gerencia de negocios rurales, especialmente en actividades no agrícolas. c. Las implicaciones para un nuevo modelo de apoyo al empresariado rural de pequeña escala que tome en cuenta los aspectos anteriores así como las características territoriales.

Presencia, heterogeneidad
y multifuncionalidad
de las MYPES rurales

Estimaciones del BID indican que el 80% de las empresas de América Latina y el Caribe entran en la categoría micro (BID, 2000). No obstante, esta estimación “gruesa” contrasta con los vacíos de información consistente sobre los alcances y verdadera magnitud de la presencia de las MYPES en economías nacionales y regionales de manera puntual (Guaipatín, 2003). La información sobre estos sectores en los países en algunos casos es poco confiable o inexistente, sobre todo si se trata del medio rural. Esto genera limitaciones para comprender las prioridades de generación de políticas, estrategias y acciones institucionales adecuadas a los territorios rurales (Zevallos, 2003; Monares, 2001).

A su vez, la ausencia e inconsistencia de datos también esta asociada, a las variaciones e inconsistencias en la definición y comprensión de las MYPES como sector productivo en las economías nacionales. En gran parte de los países de América Latina y el Caribe, éstas han sido clasificadas en función capacidad de empleo como se ilustra en el cuadro 1.

No obstante, existen otros criterios como ventas/ingresos, activos, tipo de unidad productiva (Zevallos, 2003).

El problema de la conceptualización de las empresas ya sea por su capacidad de empleo, desempeño de ventas, rama de actividad es un problema de fondo, que refleja en si mismo el problema de ambigüedad en la conceptualización de las MYPES como medios de desarrollo. Estas definiciones implícitamente se basan en concepciones que se quedan cortas en aprehender las funciones múltiples que cumple este capital social genera a nivel nacional y territorial.

A nivel nacional, tiende a invisibilizarse la verdadera magnitud de la importancia que tienen las economías rurales de pequeña escala, para el desarrollo de otros sectores económicos. Poco se habla de la reinversión de los excedentes económicos de este sector, en otros sectores caracterizados con mayor productividad y competitividad o bien, como sector de consumo (Echeverri, 2002). A nivel territorial, estas actividades productivas de pequeña escala no sólo cumplen con una generación de ingresos para las familias, en mercados laborales rurales deprimidos, con enormes sectores de fuerza laboral “atorada” en áreas de trabajo de baja productividad – incluyendo a la mayoría de los segmentos juveniles rurales - sino que generan una mayor calidad de vida de las familias mediante la posibilidad de acceso a bienes y servicios; la formación de capacidades de población con baja escolaridad, el fomento de la organización productiva y la generación de roles para la integración social y la ciudadanía, entre otros.

Lo que pocos discuten, es que este es un capital social mayoritario y que la persistencia de la población rural en la generación de estas iniciativas - aún a sabiendas de la selección “natural” - evidencia que constituyen respuestas prácticas para afrontar necesidades básicas insatisfechas. De ahí su carácter predominantemente informal, su alta tasa de “mortalidad” desde el punto de vista de la rentabilidad y la sostenibilidad empresarial y su vocación o perfil de estrategia de generación de ingresos y autoempleo, más que de estrategia de desarrollo “empresarial” de pequeña escala. La otra “punta del cordel” de este dinámico pero volátil capital social, son las crisis nacionales y regionales de generación de empleo digno, incapaces de sostener al sector de la economía rural en cada país (CEPAL, 1999). De ahí que tarde o temprano, el tema de las MYPES rurales se cruza con el de generación de empleo e ingresos, con reducción de pobreza y con política social. Las MYPES entonces se presentan como instrumentos ambiguos de desarrollo. Por una parte, no calzan en su mayoría con la lógica de maximización de la ganancia, de rentabilidad económica que supone una lógica empresarial tipificada. Pero, por otra parte, su función de generación de oportunidades sociales y económicas resulta clave para el precario equilibrio de las sociedades.

Las mujeres tienen menor acceso a crédito formal y menor titulación de tierras en su nombre que los hombres. Pero cuando, a través de mecanismos alternativos, el crédito llega efectivamente a las mujeres se comprueba que ellas son excelentes sujetos de crédito.

Para poder mirar a este capital social desde otra perspectiva, es preciso reconocer que esta ambigüedad proviene no sólo de problemas estructurales de gran envergadura sino de concepciones de oferta preestablecidas de políticas e inversiones para el desarrollo empresarial y para la generación de empleo, más que de una lectura de las dinámicas y de las demandas. Es necesario estudiar la heterogeneidad de las MYPES, su diversidad cultural, su flexibilidad, su multifuncionalidad, sus posibilidades de innovación y su contribuciones directas e indirectas al desarrollo económico ? valorizar sus funciones sociales (Caro, 2003; Guaipatín, 2003). Es decir, es preciso dimensionar su papel en la dinamización de los territorios. Las evidencias en este último aspecto tienden a ser mas visibilizadas por la literatura acerca de economías de aglomeración, clusters, y sistemas productivos Localizados (SPL)3.

Ciertamente las fuerzas globales de integración económica que impactan los países y los tratados comerciales, obligan a repensar y a redoblar la inversión para lograr mayores niveles de competitividad de todas las empresas rurales. Pero hacer de esta la fórmula predominante para el fomento de las empresas y de la empresariedad, no afronta el problema de desarrollo ambiguo – o de subdesarrollo – que se trasluce en los impactos hasta ahora limitados de los programas de fomento a MYPES. Hay ventajas determinantes que no se encuentran en las unidades aisladas, sino en la integración de redes, economías de escala, aglomeraciones territorialmente arraigadas en la cultura y sociedad. Hay pues, una concepción de organización social, de incrustación de la acción económica en el tejido sociocultural, que es preciso repensar y en donde la participación de las mujeres de una manera mas digna, podría traer transformaciones sustantivas en el cierre de brechas de equidad y en el cambio de relaciones establecidas entre los géneros con el medio rural.

Lo anterior dependería de una serie de condiciones, entre las que destaca, la forma de articulación entre las actividades agrícolas y no agrícolas en los países, de manera que se pueda generar y distribuir más equitativamente las oportunidades dignas de inclusión para mujeres y hombres.

La presencia de las
Mujeres Rurales en las MYPES

Los emprendimientos y MYPES gerenciados por mujeres rurales han ganado visibilidad en los últimos años. Pese a que existen vacíos de información que impiden analizar un crecimiento comparativo de las MYPES de mujeres rurales, el crecimiento en las demandas por asistencia técnica de las instituciones gubernamentales y la apertura de líneas crediticias para mujeres, y la existencia de algunos estudios regionales, como es el caso de Centroamérica (Arroyo, J y M Nebelung, 2002) son indicadores importantes.

Lo que si se ha comprobado como tendencia en varios países de América Latina, es la mayor participación de las mujeres rurales en la Población Económicamente Activa PEA no agrícola, que es en promedio de un 44% , frente a únicamente un 27% en la PEA agrícola (i.e. 27 de cada 100 personas en la PEA no agrícola eran mujeres). La mayor importancia del empleo no agrícola para las mujeres rurales también es evidente al comparar la distribución de las PEA rurales masculina y femenina. Así, del total de la PEA femenina un 51% corresponde a actividades no agrícolas, frente a un 33% en el caso de los hombres (Dirven, 2004).

El surgimiento de nuevas condiciones de inserción productiva de las mujeres son oportunidades que pueden orientarse hacia el fomento de una mayor equidad. Pero esto no será posible si a su vez no se adoptan perspectivas y políticas de equidad de género que evidencien y potencien las especificidades que surgen de las distintas interacciones con el medio rural que las mujeres establecen (García y Gomariz 2004). De esta forma, una perspectiva de género podría reconocer las especificidades de la multifuncionalidad en las empresas de mujeres rurales y cuáles son las alternativas más beneficiosas de inserción de la fuerza laboral de las mujeres, tomando en cuenta las brechas de equidad existentes, así como los procesos multidimensionales de desarrollo territorial.

Si bien en términos de acceso a oportunidades de capacitación o comercialización, tanto los hombres como las mujeres empresarias rurales de estratos pobres y medios evidencian grandes carencias, el acceso a activos como el micro crédito o tierras si muestra claras asimetrías de género en América Latina y el Caribe. Las mujeres tienen menor acceso a crédito formal y menor titulación de tierras en su nombre que los hombres. No obstante, cuando el crédito ha efectivamente llegado a las mujeres a través de mecanismos alternativos como bancomunales y fondos rotativos ente otros, se ha comprobado que los recursos financieros llegan con mayor frecuencia y sostenibilidad a las mujeres rurales.

Se ha señalado sin embargo, que las condiciones asimétricas prevalecientes de inserción de las mujeres rurales, tanto en los mercados laborales de actividades no agrícolas como en emprendimientos y MYPES, redoblan sus condiciones de explotación, y las confinan a los sectores más improductivos. En efecto, no hay que olvidar que en las mujeres rurales asalariadas, productoras agrícolas de subsistencia, generadoras de ingresos e indígenas, se concentra la incidencia de la indigencia y la pobreza rural de ALC. No obstante, uno de los factores principales asociados con la sostenibilidad y éxito de las MYPES gerencialas por mujeres, es el factor organizativo, la afirmación de valores solidarios y la democratización de los aprendizajes técnicos (Karremans, J y P Petry, 2003). Cabe mencionar que es preciso cualificar los valores y prácticas organizativas que mas fomentan el éxito, entre los cuales se encuentran la gerencia colegiada, en contraste con los liderazgos autocráticos.

De manera que tanto en términos de asimetrías como de potencialidades, existen condicionamientos de género para el desempeño y desarrollo de emprendimientos y las MYPES rurales, que es preciso abordar en las políticas y estrategias de desarrollo, como parte de una construcción de políticas diferenciadas para el desarrollo rural territorial.

Implicaciones de nuevos modelos
de fomento para las MYPES

Si se vuelve a las preguntas lanzadas al inicio de este documento, habría que decir que el tratamiento tradicional de fomento a las MYPES esta atravesado por dos tipos de problemas: el primero, problemas estructurales no resueltos y el segundo un modelo de fomento empresarial de pequeña escala cuya conceptualización no está respondiendo a las características y demandas del medio rural, a la equidad de género y a la diversidad de población rural, evidenciando extrapolaciones del modelo del gran empresario al pequeño. Estos son desafíos mayores que competen al conjunto de políticas que constituyen los proyectos nacionales de desarrollo. El abordaje de estos desafíos no puede reducirse al discurso de la liberalización de los servicios de apoyo a las MYPES y PYMES, fundamentados en las críticas a los esquemas asistencialistas reinantes hasta antes de los 1980 (i.e. extensión agrícola vertical, crédito agrícola subsidiado) que no tuvieron los resultados esperados y más bien, se convirtieron en factores distorsionantes. Dichos esquemas no fueron la causa única del bajo impacto de estas políticas e inversiones y es posible decir que de alguna manera, este bajo impacto continúa.

En las mujeres rurales asalariadas, productoras agrícolas de subsistencia, generadoras de ingresos e indígenas, se concentra la incidencia de la indigencia y la pobreza rural de ALC. No obstante, uno de los factores principales asociados con el éxito de las mypes gerencialas por mujeres es el organizativo, así como la afirmación de valores solidarios y la democratización de los aprendizajes técnicos.

Es necesario reconocer que las enormes inversiones que se han hecho, no han logrado construir condiciones básicas para una nueva visión y modelo de gestión empresarial capaz de:

  1. Superar el esquema dualista (incentivos para empresas de punta y asistencia para las empresas con menores recursos) para generar políticas, estrategias, programas y herramientas diferenciadas4 de promoción de MYPES rurales y mecanismos de acceso a activos productivos, de acuerdo a las características de la economía territorial y a las necesidades de fortalecimiento de los distintos grupos de población (mujeres, hombres, juventudes, etc.) y actores en los territorios.
     
  2. Ampliar la hasta ahora limitada oferta de servicios rurales para las MYPES, para satisfacer de mejor manera las demandas específicas de la ruralidad, que requieren de servicios especializados. A todas luces, la oferta de servicios públicos en los países es incapaz de cubrir una demanda tan grande y heterogénea, lo que implica intensificar sinergias efectivas con los sectores privados de servicios y hacer un esfuerzo significativo para la articulación de los sectores de apoyo. Es preciso que los servicios de formación y capacitación empresarial actúen articuladamente con los organismos de microfinanzas, con las entidades que ejecutan políticas de gestión de tierras y los servicios de información y apoyo para acceso a mercados, por ejemplo Sin estas sinergias, los tratados comerciales podrán servir únicamente a algunos sectores empresariales, con ciertos niveles de consolidación.
     
  3. La valoración de las funciones sociales de las MYPES y la necesidad de fomentar modelos de desarrollo de capacidades acordes con la participación de los distintos géneros.
     
  4. El fomento de redes, asociaciones y organizaciones empresariales de pequeña escala a nivel territorial y nacional, que contribuyan por una parte a la cohesión social y territorial, y por otra, a incidir en la gestión de políticas más incluyentes.

Existen condicionamientos de género para el desempeño y desarrollo de emprendimientos y mypes rurales que es preciso abordar en las políticas y estrategias de desarrollo, como parte de una construcción de políticas diferenciadas para el desarrollo rural territorial.

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1Para la elaboración de este documento se contó con el valioso apoyo de Pedro Avendaño Soto, y la retroalimentación de Milagro Saborío Espinoza.

2Hoy en día el microcrédito se inserta dentro del marco amplio de las microfinanzas, las que incluyen una gama de instrumentos mas allá del crédito como los son, los fondos de aval, herramientas de prevención del riesgo, mecanismos de leasing, etc. El término microfinanzas se empieza a generalizar en la década de los 1980, tratando de romper con el esquema al crédito rural subsidiado. No obstante en la práctica, ha prevalecido la vieja separación entre asistencia técnica y el acceso a activos financieros, como sectores distintos y no necesariamente concurrentes.

3  Pese que se han desarrollado en otro contexto, es importante analizar las experiencias de los sistemas de producción localizados en Europa, que muestran aspectos interesantes en términos de las ventajas comparativas que exhiben las empresas rurales de micro y pequeña escala aglutinadas. Entre estas: flexibilidad e innovación a partir de conocimiento tradicional sedimentado. (Gaytan K, sf).

4  Las políticas diferenciadas no son asimilables a políticas compensatorias o de acción afirmativa. Las políticas diferenciadas responden a la heterogeneidad y diferenciación propia del medio rural, en donde la condición de género, etnia y edad, son aspectos estructurantes de esta diferenciación a la par de otros. Las políticas compensatorias parten del presupuesto de la existencia de una deuda social y de brechas sociales que pretenden mitigarse. Las políticas diferenciadas pueden incluir políticas compensatorias, pues las primeras suponen un conjunto mayor. No obstante, el grueso de las inversiones públicas para el fomento empresarial tiende a concentrarse en aquellos sectores con mayor capacidad privada de acceso a activos.

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