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Equidad de
género en las micro
y pequeñas empresas rurales
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La equidad de género es un fundamento
indispensable para potenciar el capital social
empresarial de pequeña escala en la ruralidad.
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Melania Portilla R.
Especialista en Desarrollo Rural, Dirección
de Desarrollo Rural, IICA1
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l fortalecimiento de los emprendimientos, micro y
pequeñas empresas rurales (MYPES) y los programas de acceso a
activos productivos, han sido consideradas tradicionalmente, como
dos estrategias fundamentales para el desarrollo y la lucha contra
la pobreza en América Latina y el Caribe. Aunque el fomento de este
doble propósito muestra ambigüedades y contradicciones, una mirada a
las agendas de trabajo de las instituciones públicas y privadas de
los países, confirma que estas estrategias están vigentes e incluso
en los últimos años, han tenido un repunte. De hecho, el 2005 ha
sido declarado el año internacional de las microcrédito2.
La pregunta que se aborda en este documento es
¿En qué dirección se enfocarán estas inversiones y políticas de
apoyo a MYPES que puedan superar la ambigüedad de los impactos
que hasta ahora se han dado?. ¿Es posible hacer un giro hacia la
gestión de políticas, estrategias e inversiones definidas mas
bien por las demandas y a la realidad de este sector
heterogéneo, complejo, pero con gran potencial?.
Existe de hecho una serie de desafíos que han
surgido en los últimos años, que llaman a superar el tratamiento
tradicional que se le ha dado a al fomento de MYPES rurales.
Dicho tratamiento se ha caracterizado por conceptuar las
empresas como fines en sí mismas, definidas como tales en
función de su rentabilidad económica y a sus desempeños
internos, dentro de un imaginario de persona-empresario
“masculinizado” por valores que masivamente se asocian con la
socialización de los varones: competitivo, dispuesto a riesgos,
conocedor del medio, entro otros. Esta conceptualización ha
servido de base para definir una oferta predominante de
servicios de apoyo y a un modelo empresarial. Dentro de este
marco, los micro-emprendimientos y los negocios rurales entran
en una suerte de selección natural. Las ventajas para superar
dicha selección estarán del lado de quienes tienen mayores
condiciones para aprovechar los criterios técnicos (mayor
preparación, escolaridad, conexiones e influencias, capital
humano) y activos productivos propios. Esas serán las posibles
MYPES, que podrán continuar en el proceso de selección hacia el
éxito. Lo otro, lamentablemente lo mayoritario, quedará en el
sector informal, de autoempleo, de generación de ingreso o bien,
en estrategia de supervivencia. En todo caso se trata de un
empleo de baja calidad, socialmente desprotegido, de donde
entran y salen fundamentalmente las mujeres (Arroyo, J y M
Nebelung, 2002).
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Un rasgo
clave del desarrollo de los emprendimientos y mypes en
la ruralidad de ALC es que las mypes agrícolas siguen
teniendo una importancia fundamental. |
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Brevemente se enuncian algunos rasgos que
llaman a reflexionar sobre la importancia de renovar la visión
sobre este capital social de pequeña escala de la ruralidad: a.
La predominancia, heterogeneidad y multifuncionalidad de las
MYPES en la vida rural; b. La presencia significativa de
la mujeres en las MYPES rurales y las tendencias al
crecimiento de la participación femenina en la gerencia de
negocios rurales, especialmente en actividades no agrícolas. c.
Las implicaciones para un nuevo modelo de apoyo al empresariado
rural de pequeña escala que tome en cuenta los aspectos
anteriores así como las características territoriales.
Presencia, heterogeneidad
y multifuncionalidad
de las MYPES rurales
Estimaciones del BID indican que el 80% de las
empresas de América Latina y el Caribe entran en la categoría
micro (BID, 2000). No obstante, esta estimación “gruesa”
contrasta con los vacíos de información consistente sobre los
alcances y verdadera magnitud de la presencia de las MYPES en
economías nacionales y regionales de manera puntual (Guaipatín,
2003). La información sobre estos sectores en los países en
algunos casos es poco confiable o inexistente, sobre todo si se
trata del medio rural. Esto genera limitaciones para comprender
las prioridades de generación de políticas, estrategias y
acciones institucionales adecuadas a los territorios rurales
(Zevallos, 2003; Monares, 2001).
A su vez, la ausencia e inconsistencia de
datos también esta asociada, a las variaciones e inconsistencias
en la definición y comprensión de las MYPES como sector
productivo en las economías nacionales. En gran parte de los
países de América Latina y el Caribe, éstas han sido
clasificadas en función capacidad de empleo como se ilustra en
el cuadro 1.

No obstante, existen otros criterios como
ventas/ingresos, activos, tipo de unidad productiva (Zevallos,
2003).

El problema de la conceptualización de las
empresas ya sea por su capacidad de empleo, desempeño de ventas,
rama de actividad es un problema de fondo, que refleja en si
mismo el problema de ambigüedad en la conceptualización de las
MYPES como medios de desarrollo. Estas definiciones
implícitamente se basan en concepciones que se quedan cortas en
aprehender las funciones múltiples que cumple este capital
social genera a nivel nacional y territorial.
A nivel nacional, tiende a invisibilizarse la
verdadera magnitud de la importancia que tienen las economías
rurales de pequeña escala, para el desarrollo de otros sectores
económicos. Poco se habla de la reinversión de los excedentes
económicos de este sector, en otros sectores caracterizados con
mayor productividad y competitividad o bien, como sector de
consumo (Echeverri, 2002). A nivel territorial, estas
actividades productivas de pequeña escala no sólo cumplen con
una generación de ingresos para las familias, en mercados
laborales rurales deprimidos, con enormes sectores de fuerza
laboral “atorada” en áreas de trabajo de baja productividad –
incluyendo a la mayoría de los segmentos juveniles rurales -
sino que generan una mayor calidad de vida de las familias
mediante la posibilidad de acceso a bienes y servicios; la
formación de capacidades de población con baja escolaridad, el
fomento de la organización productiva y la generación de roles
para la integración social y la ciudadanía, entre otros.
Lo que pocos discuten, es que este es un
capital social mayoritario y que la persistencia de la población
rural en la generación de estas iniciativas - aún a sabiendas de
la selección “natural” - evidencia que constituyen respuestas
prácticas para afrontar necesidades básicas insatisfechas. De
ahí su carácter predominantemente informal, su alta tasa de
“mortalidad” desde el punto de vista de la rentabilidad y la
sostenibilidad empresarial y su vocación o perfil de estrategia
de generación de ingresos y autoempleo, más que de estrategia de
desarrollo “empresarial” de pequeña escala. La otra “punta del
cordel” de este dinámico pero volátil capital social, son las
crisis nacionales y regionales de generación de empleo digno,
incapaces de sostener al sector de la economía rural en cada
país (CEPAL, 1999). De ahí que tarde o temprano, el tema de las
MYPES rurales se cruza con el de generación de empleo e
ingresos, con reducción de pobreza y con política social.
Las MYPES entonces se presentan como instrumentos ambiguos de
desarrollo. Por una parte, no calzan en su mayoría con
la lógica de maximización de la ganancia, de rentabilidad
económica que supone una lógica empresarial tipificada. Pero,
por otra parte, su función de generación de oportunidades
sociales y económicas resulta clave para el precario equilibrio
de las sociedades.
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Las mujeres
tienen menor acceso a crédito formal y menor titulación
de tierras en su nombre que los hombres. Pero cuando, a
través de mecanismos alternativos, el crédito llega
efectivamente a las mujeres se comprueba que ellas son
excelentes sujetos de crédito. |
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Para poder mirar a este capital social desde
otra perspectiva, es preciso reconocer que esta ambigüedad
proviene no sólo de problemas estructurales de gran envergadura
sino de concepciones de oferta preestablecidas de políticas e
inversiones para el desarrollo empresarial y para la generación
de empleo, más que de una lectura de las dinámicas y de las
demandas. Es necesario estudiar la heterogeneidad de las MYPES,
su diversidad cultural, su flexibilidad, su multifuncionalidad,
sus posibilidades de innovación y su contribuciones directas e
indirectas al desarrollo económico ? valorizar sus funciones
sociales (Caro, 2003; Guaipatín, 2003). Es decir, es preciso
dimensionar su papel en la dinamización de los territorios. Las
evidencias en este último aspecto tienden a ser mas
visibilizadas por la literatura acerca de economías de
aglomeración, clusters, y sistemas productivos Localizados (SPL)3.
Ciertamente las fuerzas globales de
integración económica que impactan los países y los tratados
comerciales, obligan a repensar y a redoblar la inversión para
lograr mayores niveles de competitividad de todas las empresas
rurales. Pero hacer de esta la fórmula predominante para el
fomento de las empresas y de la empresariedad, no afronta el
problema de desarrollo ambiguo – o de subdesarrollo – que se
trasluce en los impactos hasta ahora limitados de los programas
de fomento a MYPES. Hay ventajas determinantes que no se
encuentran en las unidades aisladas, sino en la integración de
redes, economías de escala, aglomeraciones territorialmente
arraigadas en la cultura y sociedad. Hay pues, una concepción de
organización social, de incrustación de la acción económica en
el tejido sociocultural, que es preciso repensar y en donde la
participación de las mujeres de una manera mas digna, podría
traer transformaciones sustantivas en el cierre de brechas de
equidad y en el cambio de relaciones establecidas entre los
géneros con el medio rural.
Lo anterior dependería de una serie de
condiciones, entre las que destaca, la forma de articulación
entre las actividades agrícolas y no agrícolas en los países, de
manera que se pueda generar y distribuir más equitativamente las
oportunidades dignas de inclusión para mujeres y hombres.
La
presencia de las
Mujeres Rurales en las MYPES
Los emprendimientos y MYPES gerenciados por
mujeres rurales han ganado visibilidad en los últimos años. Pese
a que existen vacíos de información que impiden analizar un
crecimiento comparativo de las MYPES de mujeres rurales, el
crecimiento en las demandas por asistencia técnica de las
instituciones gubernamentales y la apertura de líneas
crediticias para mujeres, y la existencia de algunos estudios
regionales, como es el caso de Centroamérica (Arroyo, J y M
Nebelung, 2002) son indicadores importantes.

Lo que si se ha comprobado como tendencia en
varios países de América Latina, es la mayor participación de
las mujeres rurales en la Población Económicamente Activa PEA no
agrícola, que es en promedio de un 44% , frente a únicamente un
27% en la PEA agrícola (i.e. 27 de cada 100 personas en la PEA
no agrícola eran mujeres). La mayor importancia del empleo no
agrícola para las mujeres rurales también es evidente al
comparar la distribución de las PEA rurales masculina y
femenina. Así, del total de la PEA femenina un 51% corresponde a
actividades no agrícolas, frente a un 33% en el caso de los
hombres (Dirven, 2004).
El surgimiento de nuevas condiciones de
inserción productiva de las mujeres son oportunidades que pueden
orientarse hacia el fomento de una mayor equidad. Pero
esto no será posible si a su vez no se adoptan perspectivas y
políticas de equidad de género que evidencien y
potencien las especificidades que surgen de las distintas
interacciones con el medio rural que las mujeres establecen
(García y Gomariz 2004). De esta forma, una perspectiva de
género podría reconocer las especificidades de la
multifuncionalidad en las empresas de mujeres rurales y cuáles
son las alternativas más beneficiosas de inserción de la fuerza
laboral de las mujeres, tomando en cuenta las brechas de equidad
existentes, así como los procesos multidimensionales de
desarrollo territorial.
Si bien en términos de acceso a oportunidades
de capacitación o comercialización, tanto los hombres como las
mujeres empresarias rurales de estratos pobres y medios
evidencian grandes carencias, el acceso a activos como el micro
crédito o tierras si muestra claras asimetrías de género en
América Latina y el Caribe. Las mujeres tienen menor acceso a
crédito formal y menor titulación de tierras en su nombre que
los hombres. No obstante, cuando el crédito ha efectivamente
llegado a las mujeres a través de mecanismos alternativos como
bancomunales y fondos rotativos ente otros, se ha comprobado que
los recursos financieros llegan con mayor frecuencia y
sostenibilidad a las mujeres rurales.
Se ha señalado sin embargo, que las
condiciones asimétricas prevalecientes de inserción de las
mujeres rurales, tanto en los mercados laborales de actividades
no agrícolas como en emprendimientos y MYPES, redoblan sus
condiciones de explotación, y las confinan a los sectores más
improductivos. En efecto, no hay que olvidar que en las mujeres
rurales asalariadas, productoras agrícolas de subsistencia,
generadoras de ingresos e indígenas, se concentra la incidencia
de la indigencia y la pobreza rural de ALC. No obstante, uno de
los factores principales asociados con la sostenibilidad y éxito
de las MYPES gerencialas por mujeres, es el factor
organizativo, la afirmación de valores solidarios y la
democratización de los aprendizajes técnicos (Karremans,
J y P Petry, 2003). Cabe mencionar que es preciso cualificar los
valores y prácticas organizativas que mas fomentan el éxito,
entre los cuales se encuentran la gerencia colegiada, en
contraste con los liderazgos autocráticos.
De manera que tanto en términos de asimetrías
como de potencialidades, existen condicionamientos de género
para el desempeño y desarrollo de emprendimientos y las MYPES
rurales, que es preciso abordar en las políticas y estrategias
de desarrollo, como parte de una construcción de políticas
diferenciadas para el desarrollo rural territorial.
Implicaciones de nuevos modelos
de fomento para las MYPES
Si se vuelve a las preguntas lanzadas al
inicio de este documento, habría que decir que el tratamiento
tradicional de fomento a las MYPES esta atravesado por dos tipos
de problemas: el primero, problemas estructurales no resueltos y
el segundo un modelo de fomento empresarial de pequeña escala
cuya conceptualización no está respondiendo a las
características y demandas del medio rural, a la equidad de
género y a la diversidad de población rural, evidenciando
extrapolaciones del modelo del gran empresario al pequeño. Estos
son desafíos mayores que competen al conjunto de políticas que
constituyen los proyectos nacionales de desarrollo. El abordaje
de estos desafíos no puede reducirse al discurso de la
liberalización de los servicios de apoyo a las MYPES y PYMES,
fundamentados en las críticas a los esquemas asistencialistas
reinantes hasta antes de los 1980 (i.e. extensión agrícola
vertical, crédito agrícola subsidiado) que no tuvieron los
resultados esperados y más bien, se convirtieron en factores
distorsionantes. Dichos esquemas no fueron la causa única del
bajo impacto de estas políticas e inversiones y es posible decir
que de alguna manera, este bajo impacto continúa.
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En las
mujeres rurales asalariadas, productoras agrícolas de
subsistencia, generadoras de ingresos e indígenas, se
concentra la incidencia de la indigencia y la pobreza
rural de ALC. No obstante, uno de los factores
principales asociados con el éxito de las mypes
gerencialas por mujeres es el organizativo, así como la
afirmación de valores solidarios y la democratización de
los aprendizajes técnicos. |
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Es necesario reconocer que las enormes
inversiones que se han hecho, no han logrado construir
condiciones básicas para una nueva visión y modelo de gestión
empresarial capaz de:
- Superar el esquema
dualista (incentivos para empresas de punta y asistencia
para las empresas con menores recursos) para generar
políticas, estrategias, programas y herramientas
diferenciadas4 de
promoción de MYPES rurales y mecanismos de acceso a activos
productivos, de acuerdo a las características de la economía
territorial y a las necesidades de fortalecimiento de los
distintos grupos de población (mujeres, hombres, juventudes,
etc.) y actores en los territorios.
- Ampliar la hasta ahora
limitada oferta de servicios rurales para las MYPES, para
satisfacer de mejor manera las demandas específicas de la
ruralidad, que requieren de servicios especializados. A
todas luces, la oferta de servicios públicos en los países
es incapaz de cubrir una demanda tan grande y heterogénea,
lo que implica intensificar sinergias efectivas con los
sectores privados de servicios y hacer un esfuerzo
significativo para la articulación de los sectores de apoyo.
Es preciso que los servicios de formación y capacitación
empresarial actúen articuladamente con los organismos de
microfinanzas, con las entidades que ejecutan políticas de
gestión de tierras y los servicios de información y apoyo
para acceso a mercados, por ejemplo Sin estas sinergias, los
tratados comerciales podrán servir únicamente a algunos
sectores empresariales, con ciertos niveles de
consolidación.
- La valoración de las
funciones sociales de las MYPES y la necesidad de fomentar
modelos de desarrollo de capacidades acordes con la
participación de los distintos géneros.
- El fomento de redes,
asociaciones y organizaciones empresariales de pequeña
escala a nivel territorial y nacional, que contribuyan por
una parte a la cohesión social y territorial, y por otra, a
incidir en la gestión de políticas más incluyentes.
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Existen
condicionamientos de género para el desempeño y
desarrollo de emprendimientos y mypes rurales que es
preciso abordar en las políticas y estrategias de
desarrollo, como parte de una construcción de políticas
diferenciadas para el desarrollo rural territorial. |
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| 1Para
la elaboración de este documento se contó con el valioso
apoyo de Pedro Avendaño Soto, y la retroalimentación de
Milagro Saborío Espinoza.
2Hoy en día el microcrédito se inserta
dentro del marco amplio de las microfinanzas, las que
incluyen una gama de instrumentos mas allá del crédito como
los son, los fondos de aval, herramientas de prevención del
riesgo, mecanismos de
leasing, etc. El término microfinanzas se empieza a
generalizar en la década de los 1980, tratando de romper con
el esquema al crédito rural subsidiado. No obstante en la
práctica, ha prevalecido la vieja separación entre
asistencia técnica y el acceso a activos financieros, como
sectores distintos y no necesariamente concurrentes.
3
Pese que se han desarrollado en otro
contexto, es importante analizar las experiencias de los
sistemas de producción localizados en Europa, que muestran
aspectos interesantes en términos de las ventajas
comparativas que exhiben las empresas rurales de micro y
pequeña escala aglutinadas. Entre estas: flexibilidad e
innovación a partir de conocimiento tradicional sedimentado.
(Gaytan K, sf).
4
Las políticas diferenciadas no son
asimilables a políticas compensatorias o de acción
afirmativa. Las políticas diferenciadas responden a la
heterogeneidad y diferenciación propia del medio rural, en
donde la condición de género, etnia y edad, son aspectos
estructurantes de esta diferenciación a la par de otros. Las
políticas compensatorias parten del presupuesto de la
existencia de una deuda social y de brechas sociales que
pretenden mitigarse. Las políticas diferenciadas pueden
incluir políticas compensatorias, pues las primeras suponen
un conjunto mayor. No obstante, el grueso de las inversiones
públicas para el fomento empresarial tiende a concentrarse
en aquellos sectores con mayor capacidad privada de acceso a
activos. |

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